El uso de recursos europeos para financiar pensiones y otros gastos ordinarios generó cuestionamientos en Bruselas y fuertes críticas desde Alemania.
España se consolidó como el segundo país de la Unión Europea que más fondos europeos destinó a gasto corriente entre 2020 y 2025, con un total de 10.238 millones de euros utilizados para cubrir gastos ordinarios del Estado. Según datos de Eurostat, solo Italia superó esa cifra. Parte de esos recursos fueron utilizados para financiar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos, una decisión que quedó bajo revisión tras un informe del Tribunal de Cuentas español.
El organismo advirtió que el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por María Jesús Montero, desvió en 2024 unos 2.389 millones de euros de fondos europeos hacia el sistema de pensiones sin justificar adecuadamente el encuadre jurídico de la operación. Aunque el Gobierno defendió que se trataba de créditos sobrantes y negó que afectaran el cumplimiento del Plan de Recuperación, el Tribunal consideró insuficientes las explicaciones oficiales.
La controversia escaló rápidamente en Bruselas. La Comisión Europea confirmó que inició una revisión sobre el uso de esos fondos y mantiene contactos con las autoridades españolas para aclarar si las operaciones respetan las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Desde el organismo europeo recordaron que el gasto corriente puede financiarse solo en circunstancias específicas y vinculado a reformas estructurales.
Las críticas más duras llegaron desde Alemania, principal contribuyente de los fondos Next Generation EU. Dirigentes alemanes y parte de la prensa local calificaron el uso de fondos europeos para pagar pensiones como “inaceptable” y reclamaron mayor transparencia. También advirtieron que el Parlamento Europeo analizará el caso para determinar si existió un uso indebido de recursos destinados originalmente a proyectos de transformación económica y digital.
