El tribunal concluyó que la campaña presidencial de 2012 de Sarkozy incurrió en financiación ilegal al gastar alrededor de 43 millones de euros, casi el doble del tope fijado por la legislación francesa. Según la sentencia, se utilizó un entramado de empresas y facturas manipuladas organizado por la firma de eventos Bygmalion para ocultar los excesos presupuestarios.
Con esta decisión, la condena queda firme e impone al expresidente seis meses de prisión, que podrán cumplirse en su domicilio con medidas de vigilancia como una tobillera electrónica. La resolución deberá ser implementada por un juez de libertades, quien determinará la modalidad exacta de cumplimiento.
El fallo supone un nuevo golpe judicial para Sarkozy, que ya había sido condenado en otras causas por corrupción y tráfico de influencias. La confirmación de la sentencia refuerza el deterioro de su imagen pública y consolida un historial de procesos que persigue al exmandatario desde que dejó el poder.
