Un tribunal estadounidense permitió avanzar con la ejecución de una indemnización reclamada a España por inversores afectados por los cambios en los incentivos a las energías renovables.
La decisión está vinculada al denominado caso Antin y permite a los acreedores avanzar con medidas destinadas a cobrar una indemnización que, con intereses y otros conceptos, alcanza unos 135,7 millones de euros. La Justicia estadounidense rechazó los argumentos presentados por España para intentar frenar la ejecución de la sentencia.
El conflicto se originó en los cambios regulatorios aplicados por España entre 2012 y 2014, cuando se redujeron los incentivos destinados a determinadas inversiones en energías renovables. Los inversores afectados recurrieron al arbitraje internacional y obtuvieron resoluciones favorables que reconocieron su derecho a recibir compensaciones.
La resolución estadounidense también permite a los acreedores buscar activos españoles que puedan ser objeto de medidas de ejecución y solicitar el reconocimiento de la sentencia en otros distritos judiciales del país. El objetivo es localizar bienes que puedan garantizar el cumplimiento de la indemnización.
El Gobierno español sostiene que el pago de algunas de estas compensaciones podría entrar en conflicto con las normas de la Unión Europea, que consideran determinadas indemnizaciones como posibles ayudas estatales incompatibles. Sin embargo, los tribunales estadounidenses han mantenido una posición favorable a la ejecución de los laudos internacionales.
El caso forma parte de una disputa más amplia entre España y varios inversores extranjeros por los cambios aplicados al régimen de apoyo a las energías renovables. Mientras los acreedores continúan buscando mecanismos para cobrar las indemnizaciones reconocidas, el Gobierno español mantiene su estrategia judicial para evitar el pago de estos fallos.
