La protesta que comenzó en la Puerta del Sol de Madrid por la crisis habitacional continúa y suma adhesiones en otras ciudades españolas. El reclamo tomó fuerza tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 años viviendo en el mismo departamento.
El campamento instalado en el centro de Madrid permanece activo mientras los manifestantes exigen respuestas al Gobierno. Las organizaciones que impulsan la protesta sostienen que el problema excede el caso de Maricarmen y reclaman medidas que permitan hacer frente al aumento de los alquileres y a las dificultades para acceder a una vivienda.
El caso de Abascal se convirtió en uno de los principales motivos de la movilización. La mujer fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas y, después del procedimiento, tuvo que ser trasladada a un hospital. Días más tarde se anunció un acuerdo que le permitirá regresar a su hogar mediante un nuevo contrato de alquiler.
Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, una mayor protección para los inquilinos y cambios en las condiciones de los contratos. También plantean que se establezcan mecanismos que eviten que personas en situaciones de vulnerabilidad tengan que abandonar sus viviendas ante aumentos que no pueden afrontar.
La protesta comenzó a trasladarse a otras ciudades del país, donde distintas organizaciones convocaron concentraciones y acciones similares. En paralelo, el Gobierno español anunció medidas para ampliar la protección frente a determinados desalojos hasta 2030 y extender por dos años algunos contratos de alquiler que finalicen antes de diciembre de 2028. Las iniciativas todavía deben ser debatidas y aprobadas por el Congreso.
