El borrador de la ley, que será elevado al Consejo de Ministros en las próximas semanas, obliga a los fabricantes a cofinanciar las reparaciones de productos ya fuera del periodo de garantía: un 20 % durante el primer año, 10 % el segundo y 5 % el tercero.
La iniciativa transpone al ordenamiento español la Directiva Europea 2024/1799 relativa al derecho a reparar y la normativa contra el greenwashing. Amplía los plazos de repuestos obligatorios a diez años e introduce etiquetas de durabilidad e índices de reparabilidad para fomentar la economía circular.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, respalda la medida como un paso hacia un consumo más sostenible y responsable. Desde su departamento subrayan que estas normas buscan disuadir el uso de recursos y promover el alargamiento de la vida útil de los productos.
El proyecto requiere que los fabricantes mantengan piezas de repuesto durante al menos 10 años tras finalización del producto, ofrezcan precios racionales y publiquen tarifas orientativas de reparación en sus webs.
La futura ley, una vez aprobada, situará a España en línea con los objetivos europeos de transición ecológica y economía circular. Incorporará sanciones por publicidad engañosa o prácticas de okobrushing y garantición sistemas de información y etiquetado que ayuden a los consumidores a elegir productos más duraderos y reparables.
