El Gobierno italiano calificó de “inaceptable” la decisión de España de establecer controles a los viajeros procedentes de Italia. Roma defendió las medidas adoptadas por su país por motivos de seguridad y migración.
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, criticó la respuesta del Gobierno español y consideró “incomprensible y totalmente inaceptable” la decisión de Madrid de aplicar controles en las fronteras interiores a los viajeros procedentes de Italia. El funcionario sostuvo que Roma no está actuando contra España, sino que busca proteger sus fronteras ante la presión migratoria y eventuales riesgos de seguridad.
La disputa comenzó después de que Italia estableciera controles a los viajeros procedentes de España, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio. El Gobierno italiano justificó entonces su decisión en razones vinculadas con la seguridad y la posibilidad de que entre los migrantes pudiera haber personas relacionadas con organizaciones extremistas.
Como respuesta, España anunció controles aleatorios en aeropuertos y puertos para los pasajeros procedentes de Italia. La medida comenzó el 8 de agosto y está prevista, inicialmente, hasta el 7 de septiembre. Desde Madrid remarcaron que se trata de una respuesta temporal y defendieron que las disposiciones adoptadas se encuentran dentro del marco permitido por las normas europeas.
El Gobierno español también rechazó que se haya suspendido el espacio Schengen y sostuvo que no existe una violación del tratado de libre circulación. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, afirmó que España actuó ante la persistencia de los controles italianos y expresó su expectativa de que Roma reconsidere su decisión.
La disputa elevó la tensión diplomática entre dos países miembros de la Unión Europea y volvió a poner en debate la gestión de las fronteras interiores, la migración irregular y las excepciones previstas dentro de Schengen. Mientras Italia insiste en la necesidad de reforzar los controles por motivos de seguridad, España reclama una respuesta coordinada y advierte sobre las consecuencias de extender estas medidas entre países del bloque.
