En un auto fechado el 2 de julio de 2025, el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, desestima la petición de Patricia Uriz para anular el registro efectuado en su domicilio el 20 de febrero de 2024. Uriz alegaba que la Guardia Civil empleó un uso excesivo de metralletas y otras armas automáticas, incluso en presencia de su hija menor, lo que consideraba desproporcionado.
El registro se produjo en el contexto del caso que investiga supuestas irregularidades vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia, implicando a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Además del registro domiciliario, los agentes se incautaron de nueve armas, large sumas de dinero y dispositivos electrónicos que contenían grabaciones comprometedoras para destacados miembros del PSOE como Ábalos y Santos Cerdán.
Patricia Uriz había comunicado su protesta argumentando que el registro se realizó “de forma desproporcionada” y pidió una investigación sobre la actuación policial, asegurando que se empleó fuerza innecesaria pese a contar con asistencia legal. No obstante, el juez concluye que la actuación de los agentes se ajustó a la proporcionalidad dada la amenaza presentada por Koldo García, quien admitió tener armas y advirtió a la Guardia Civil.
El auto también menciona que tanto Uriz como su exesposo estuvieron asistidos por abogado y que la diligencia contó con la presencia del letrado de la Administración de Justicia, asegurando el cumplimiento de las garantías legales. Según el juez, de haber aceptado la nulidad del registro, se invalidarían pruebas clave que han permitido la imputación y prisión provisional de Ábalos y Cerdán.
