El paquete de medidas responde al informe elaborado tras el apagón, que detectó deficiencias en el control de tensión y desconexiones no previstas de generadores eléctricos. Las actuaciones, enmarcadas en el Plan de Desarrollo de la Red para 2021‑2026, incluyen instalación de compensadores síncronos, reactancias y relés, con el objetivo de fortalecer la resiliencia del sistema y reducir la dependencia de fuentes térmicas de respaldo.
El despliegue se distribuye geográficamente, concentrando casi el 40 % de la inversión en Andalucía y Extremadura —regiones donde se originó el fallo energético—, con 147,3 y 142,2 millones asignados respectivamente. También recibirán fondos Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla‑La Mancha, Aragón, Madrid y Castilla y León.
El decreto‑ley que respalda esta intervención fue aprobado el 24 de junio y deberá ser convalidado por el Congreso en un momento de debilidad parlamentaria del Gobierno. La norma autoriza inversiones urgentes sin audiencia previa a comunidades ni informes de la CNMC, bajo consideraciones de seguridad energética.
El refuerzo de la red incluye, entre otras actuaciones, la instalación de ocho compensadores síncronos en la península y dos en Canarias, además del adelantamiento de uno previsto para Mallorca. Se suman sistemas FACTS y nuevas reactancias, con prioridades en sistemas no peninsulares, interconexiones internacionales y apoyo a la demanda industrial y líneas de alta velocidad.
La medida se suma a las 73 actuaciones impulsadas en abril de 2024 (489 millones), elevando el compromiso total hasta 2026 a más de 8.200 millones. El Gobierno prevé que esta intervención reducirá los arranques innecesarios de centrales no competitivas y apoyará la hoja de ruta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fijó un objetivo de 81 % de electricidad renovable para 2030.
