El PSOE había pedido aclaraciones al entender que proporcionar todos los datos implicaría revelar información de militantes, voluntarios y trabajadores, lo que podría generar problemas jurídicos y de protección de datos. El partido argumentó que la petición era demasiado amplia y podía tener consecuencias relevantes.
Pese a ello, el juez insiste en que la información debe abarcar a todas las personas y operaciones para poder determinar si existieron posibles irregularidades, como blanqueo o desfalco. La Audiencia Nacional mantiene que la amplitud de la documentación es necesaria para avanzar en la investigación.
