El Ministerio de Sanidad dio este martes un primer paso para revertir el avance de la privatización sanitaria con la aprobación, en el Consejo de Ministros, de un nuevo anteproyecto de ley. La norma reemplaza la legislación vigente desde 1997, impulsada durante el Gobierno de José María Aznar, que permitió la entrada masiva de empresas privadas en la gestión de hospitales públicos.
El texto establece que las comunidades autónomas deberán justificar de forma detallada cualquier intento de externalizar la gestión de un hospital. Esa decisión tendrá que ir acompañada de una evaluación previa, un informe público y el aval de un comité de expertos, y solo podrá autorizarse cuando no sea posible la prestación directa del servicio con garantías de calidad, accesibilidad y sostenibilidad financiera.
La ley también prioriza los conciertos con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas privadas con fines comerciales y pone límites a los contratos integrales que incluían tanto la construcción como la gestión de hospitales. Este modelo, muy extendido en comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana, quedará prohibido para evitar contratos blindados que aseguren beneficios a largo plazo a las concesionarias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la iniciativa como una medida para “proteger la sanidad de las garras especuladoras” y denunció prácticas empresariales orientadas al beneficio económico a costa del sistema público. Según datos del Ministerio, uno de cada tres hospitales del Sistema Nacional de Salud está actualmente gestionado por empresas privadas y el gasto en este tipo de centros ha aumentado un 84,6 % en la última década.
