El juicio por el ‘caso mascarillas’ ha incorporado el rescate público de Air Europa como uno de los puntos más controvertidos de la investigación. Las declaraciones en el Tribunal Supremo han abierto una nueva línea de tensión sobre cómo se gestionaron los apoyos financieros durante la pandemia y el papel de intermediarios en esas decisiones.
La acusación sostiene que los 475 millones de euros concedidos a la aerolínea en 2020 no fueron una operación aislada, sino parte de una red de influencias vinculada a contratos sanitarios. En ese entramado aparece el empresario Víctor de Aldama como figura central, señalado como intermediario entre actores privados y la administración pública.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Leonor González Pano, expareja de Aldama, quien afirmó que se habrían entregado 500.000 euros en efectivo en el entorno del propietario de Globalia antes de aprobarse el rescate. Este relato ha sido utilizado por la Fiscalía para reforzar la hipótesis de pagos vinculados a la obtención de favores institucionales.
La defensa de la aerolínea, encabezada por el exCEO Javier Hidalgo, rechaza cualquier irregularidad y sostiene que la operación fue estrictamente legal y supervisada por la SEPI. Niega la existencia de pagos en metálico y reduce el papel de los intermediarios a meros canales de comunicación sin capacidad de influencia real.
El caso ha evolucionado así desde una investigación sobre contratos de mascarillas hacia un análisis más amplio sobre la toma de decisiones económicas durante la emergencia sanitaria. El tribunal deberá ahora dirimir entre versiones opuestas que apuntan a posibles conexiones entre poder político, financiación pública y redes privadas de intermediación.
