España decidió extender hasta el 8 de octubre los controles fronterizos para pasajeros procedentes de Italia, en respuesta a la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de mantener medidas similares.
El Gobierno español había restablecido temporalmente los controles en agosto y posteriormente los prorrogó debido a las circunstancias vinculadas con la presión migratoria y la seguridad interior. La normativa establece que estas restricciones deben ser evaluadas de forma permanente y levantarse cuando desaparezcan las amenazas que las justificaron.
Italia, por su parte, extendió durante otros 15 días los controles a los viajeros procedentes de España. Roma argumentó que persisten riesgos para la seguridad interna y la posibilidad de infiltración terrorista, mientras que Madrid respondió con una nueva prórroga de sus propias medidas.
Los controles suponen una suspensión temporal de la libre circulación prevista dentro del espacio Schengen para determinadas conexiones entre ambos países. España limita la medida a vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de Italia, sin extenderla al resto de las fronteras interiores.
La situación refleja el impacto que tuvo la crisis migratoria de Ceuta en las relaciones entre ambos países. Las medidas son temporales y requieren nuevas decisiones justificadas para continuar después de las fechas estable
