El Congreso de los Diputados de España rechazó el decreto que buscaba regular la actividad de los grupos de interés y establecer un registro público de lobbies. La iniciativa obtuvo 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones.
La norma impulsada por el Gobierno establecía un registro obligatorio para los grupos de interés que mantienen contactos con representantes públicos. También contemplaba obligaciones de transparencia y sanciones para determinadas infracciones relacionadas con la actividad de estos grupos.
El Partido Popular, Vox, Junts y UPN votaron en contra del decreto, mientras que el PNV, Podemos y tres diputados de Sumar se abstuvieron. La propuesta también había generado diferencias entre otros grupos parlamentarios por cuestiones como la inclusión de sindicatos y organizaciones empresariales dentro de la regulación.
La medida formaba parte de los compromisos vinculados al Plan de Recuperación español y su aprobación era una condición relacionada con fondos europeos. El rechazo del Congreso pone en riesgo una partida de hasta 1.500 millones de euros, aunque distintas informaciones señalan que el impacto concreto podría ser menor y dependerá de la revisión de los compromisos con la Comisión Europea.
Tras la votación, el decreto quedó sin efecto y el Gobierno deberá analizar alternativas para cumplir con las exigencias europeas. La regulación de los grupos de interés continuará pendiente de una nueva fórmula legislativa que permita establecer un marco de transparencia para las relaciones entre empresas, organizaciones y las instituciones públicas.
