El Ejecutivo español retomó las negociaciones en torno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone regularizar a medio millón de inmigrantes en situación irregular. La propuesta, respaldada por más de 700.000 firmas, podría ser tratada en el Congreso antes de fin de año.
Organizaciones sociales y de derechos humanos celebraron la reactivación del debate, señalando que es una oportunidad para dar respuesta a miles de trabajadores esenciales excluidos del sistema. La medida beneficiaría especialmente a personas que ya viven y trabajan en España.
Desde la oposición y sectores conservadores advierten sobre los efectos de una regularización masiva, apelando a razones económicas y de seguridad. El Gobierno, en cambio, insiste en que se trata de una cuestión de justicia social y sentido común.
