Antxon Alonso ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo que Santos Cerdán nunca fue socio suyo en Servinabar 2000, la empresa que obtuvo contratos públicos por valor de 8,6 millones de euros en Navarra y que ahora está bajo la lupa judicial. Según el empresario, el contrato hallado por la UCO en su domicilio era un borrador sin validez legal, que nunca se ejecutó porque Cerdán decidió no abandonar la política. Alonso ha respaldado la versión del político socialista e insistido en que él siempre fue el único propietario.
El magistrado Leopoldo Puente ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares a Alonso y al exdirectivo de Acciona Fernando Merino. Ambos deberán comparecer cada 15 días en el juzgado y tienen prohibido salir del país. Aunque los dos han negado pagos ilegales para lograr adjudicaciones, el juez considera que hay indicios suficientes para mantener la investigación abierta. En su declaración, Alonso también ha restado importancia a los pagos a fundaciones vinculadas al PSOE y ha negado cualquier rol de Cerdán en los negocios de Servinabar.
Fernando Merino, por su parte, ha rechazado haber participado en el pago de comisiones ilegales y ha desvinculado su salida de Acciona de cualquier trama corrupta. El exdirectivo ha explicado que su relación con Cerdán fue meramente institucional y ha descartado haber compartido cenas privadas con él, como señala un informe de la Guardia Civil. Ha admitido, sin embargo, que pidió un “empujoncito” a Koldo García en relación a un expediente que afectaba a una empresa vinculada.
Tanto Alonso como Merino se han desvinculado de los apodos con los que se les identifica en los mensajes intervenidos por la UCO. El primero ha negado ser el “Guipuchi” que supuestamente entregaba billetes de 500 euros a Cerdán, y el segundo ha dicho que no es “el Cordobés”, aludiendo a que nació en Granada. Ambos insisten en que las relaciones con Koldo García fueron laborales y limitadas, y niegan cualquier participación en una red de sobornos por adjudicaciones públicas.
