El Ministerio de Consumo impuso a Airbnb una multa de 64 millones de euros, la más alta aplicada hasta el momento en el sector, por mantener en su plataforma miles de anuncios de viviendas turísticas que no cumplían con la normativa vigente en distintas comunidades autónomas.
Según las autoridades, muchos de los anuncios carecían de número de registro obligatorio, ofrecían información engañosa o no identificaban correctamente a los propietarios, incumpliendo las leyes de protección al consumidor y de regulación del alquiler turístico.
La sanción se enmarca en una ofensiva más amplia del Gobierno contra el alquiler ilegal y la especulación inmobiliaria, con el objetivo de proteger el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas, donde la proliferación de pisos turísticos impacta directamente en los precios del alquiler.
