El anteproyecto establece que cada responsable público deberá detallar en un portal accesible las reuniones, actos y encuentros mantenidos en el ejercicio de sus funciones, permitiendo así un mayor control ciudadano sobre la gestión del poder.
La iniciativa busca consolidar la cultura de gobierno abierto y prevenir posibles conflictos de intereses, reforzando la confianza en las instituciones. Además, amplía el alcance de la ley de transparencia de 2013 y adapta sus mecanismos al entorno digital.
El Consejo de Transparencia será el encargado de supervisar el cumplimiento de la norma y podrá imponer sanciones de hasta mil euros a quienes no publiquen la información en los plazos establecidos. El Gobierno espera que la medida sea debatida en el Congreso antes de fin de año.
