Las autoridades de consumo detectaron que la web ofrecía productos cuya descripción y presentación “dejaba pocas dudas” sobre su carácter ilegal, lo que motivó la denuncia ante la Justicia. El ministro Roland Lescure confirmó que el Ejecutivo ha pedido además una investigación al regulador digital Arcom en el marco de la Ley de Servicios Digitales de la UE.
El Gobierno francés recordó que la distribución de material de explotación infantil en redes electrónicas puede conllevar hasta siete años de prisión y multas de 100.000 euros. Otras instituciones, como la Alta Comisionada para la Juventud, anunciaron reuniones con grandes plataformas para exigir controles y evitar la comercialización de contenidos ilícitos.
La presión se suma a un historial de sanciones y advertencias a Shein en Europa, que incluyen multas por prácticas comerciales engañosas y por gestionar cookies sin consentimiento. La empresa, que busca una salida a bolsa, se enfrenta a un contexto regulatorio cada vez más hostil tanto en Francia como en la UE.
